El proceso judicial por la masacre ocurrida en Trujillo ha vuelto a experimentar un nuevo contratiempo procesal. Las autoridades judiciales locales decidieron suspender la audiencia programada para dar cumplimiento a una orden de traslado, que requiere la presencia del imputado detenido en la provincia de Yurimaguas, región Loreto.
Esta medida administrativa ha generado una pausa en el desarrollo del caso, ya que la justicia trujillana no puede avanzar con las declaraciones o actuaciones correspondientes sin la presencia física del acusado. La remoción del detenido desde la selva norteña hacia la costa es un requisito indispensable para continuar con los pasos procesales pendientes, como publicó este diario en Dudas y sospechas sobre los detenidos por la masacre en Trujillo.
Para los familiares de las víctimas y la opinión pública en La Libertad, estas suspensiones reiteradas representan una fuente de incertidumbre y demora en la búsqueda de justicia. La complejidad logística de trasladar a un imputado desde Yurimaguas hasta Trujillo sigue siendo el obstáculo principal que frena la celeridad del juicio.
