El Congreso de la República del Perú votó el martes la destitución del presidente interino José Jerí, desatando una nueva ola de inestabilidad política en un país que ha tenido múltiples jefes de Estado en los últimos años. La decisión se produce a pocas semanas de las elecciones presidenciales previstas para abril, lo que agrava la incertidumbre institucional en un momento crítico para la democracia peruana.
La remoción de Jerí se suma a una larga lista de presidentes que no han logrado completar sus mandatos o períodos interinos, consolidando a Perú como uno de los países con mayor rotación presidencial en América Latina en la última década.
Un patrón recurrente: la inestabilidad presidencial peruana
Perú ha experimentado una crisis política prácticamente permanente desde 2016. En los últimos años, el país ha visto desfilar a múltiples presidentes en períodos extremadamente cortos, una situación sin precedentes en la región.
Pedro Pablo Kuczynski renunció en 2018 ante una inminente vacancia. Martín Vizcarra fue destituido por el Congreso en noviembre de 2020. Manuel Merino duró apenas cinco días en el cargo tras las protestas masivas que dejaron muertos y heridos. Pedro Castillo fue vacado en diciembre de 2022 tras su fallido intento de disolver el Congreso, y Dina Boluarte asumió el poder en medio de violentas protestas que dejaron decenas de fallecidos.
La destitución de Jerí no es, por tanto, un hecho aislado, sino la continuación de un ciclo de fragmentación política que los analistas atribuyen a múltiples factores estructurales del sistema peruano.
Las causas detrás de la constante inestabilidad
La raíz de la crisis peruana tiene varios componentes. En primer lugar, el mecanismo constitucional de "vacancia por incapacidad moral permanente" ha sido utilizado repetidamente por el Congreso como herramienta política para destituir presidentes. Este recurso, contemplado en el artículo 113 de la Constitución, requiere un umbral de 87 votos de los 130 congresistas, pero en la práctica se ha convertido en un instrumento de presión constante.
En segundo lugar, la extrema fragmentación del sistema de partidos impide la formación de mayorías estables. Perú cuenta con decenas de agrupaciones políticas con escasa institucionalidad, lo que genera alianzas volátiles y gobiernos sin respaldo legislativo.
En tercer lugar, la corrupción sistémica ha erosionado la confianza ciudadana en las instituciones. Prácticamente todos los expresidentes peruanos vivos enfrentan o han enfrentado investigaciones judiciales por corrupción, lavado de activos u otros delitos graves. Alejandro Toledo fue extraditado desde Estados Unidos; Ollanta Humala fue investigado por el caso Odebrecht; Alan García se suicidó cuando iba a ser detenido; y Alberto Fujimori fue condenado y posteriormente liberado.
La democracia peruana enfrenta una paradoja: celebra elecciones regularmente, pero sus presidentes raramente logran gobernar con estabilidad. El Congreso se ha convertido en el actor dominante del sistema político.
¿Qué ocurre ahora? El escenario preelectoral
Con la destitución de Jerí, la línea de sucesión constitucional determina quién asume la presidencia interina hasta que se celebren las elecciones de abril. Según la Constitución peruana, en ausencia del presidente, el cargo recae en el presidente del Congreso, y en su defecto, en los vicepresidentes de la Mesa Directiva.
El principal desafío inmediato es garantizar que el proceso electoral se desarrolle sin interrupciones. Las elecciones presidenciales de abril representan la oportunidad de que los peruanos elijan a un mandatario con legitimidad popular directa, algo que el país no ha tenido de manera estable en años.
Sin embargo, la cercanía del cambio de mando genera preocupación. Organizaciones de la sociedad civil y observadores internacionales han advertido que la inestabilidad constante en el Ejecutivo podría afectar la logística electoral, la confianza del electorado y la capacidad del nuevo gobierno para asumir con normalidad.
El impacto económico y social de la crisis política
La inestabilidad no es solo un problema institucional; tiene consecuencias directas en la economía y la calidad de vida de los peruanos. Según datos del Banco Central de Reserva del Perú, la inversión privada ha mostrado contracciones en los períodos de mayor turbulencia política, afectando el empleo y el crecimiento.
Perú, que antes de la pandemia era considerado una de las economías más dinámicas de América Latina con tasas de crecimiento superiores al 3% anual, ha visto ralentizado su desarrollo. La incertidumbre política desincentiva la inversión extranjera directa y complica la implementación de políticas públicas de mediano y largo plazo.
En el plano social, las encuestas reflejan niveles históricos de desaprobación tanto del Congreso como del Ejecutivo. Según diversas mediciones, la aprobación del Congreso peruano se ha mantenido consistentemente por debajo del 10%, una de las más bajas de la región.
Perspectivas hacia abril: ¿una salida a la crisis?
Las elecciones de abril son vistas como una ventana de oportunidad para restablecer cierto grado de gobernabilidad. No obstante, los analistas advierten que sin reformas estructurales al sistema político —incluyendo cambios en el mecanismo de vacancia, el fortalecimiento de los partidos y una reforma del sistema electoral—, el próximo presidente enfrentará las mismas dinámicas que han derribado a sus predecesores.
La comunidad internacional observa con atención. Perú es un actor importante en la región andina, miembro de la Alianza del Pacífico y socio comercial clave de Estados Unidos, China y la Unión Europea. La estabilidad del país tiene implicaciones que trascienden sus fronteras.
Por ahora, Perú suma otro capítulo a su convulsa historia política reciente, y la pregunta que se repite entre ciudadanos y observadores es la misma: ¿cuánto durará el próximo presidente?
