Una destitución más en la cadena de crisis política peruana
El Congreso de la República del Perú ha destituido al presidente interino José Jerí, en un nuevo episodio de la profunda inestabilidad política que atraviesa el país sudamericano. La decisión legislativa se produce en un momento crítico, a pocas semanas de las elecciones presidenciales previstas para abril, y agrava la percepción de ingobernabilidad que ha marcado al Perú en los últimos años.
La remoción de Jerí no es un caso aislado. Perú ha experimentado una rotación presidencial sin precedentes en la región: desde 2016, el país ha tenido más de seis presidentes, varios de ellos destituidos por el Congreso o forzados a renunciar en medio de escándalos de corrupción, protestas sociales y confrontaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo.
¿Quién era José Jerí y cómo llegó al poder?
José Jerí asumió la presidencia interina como parte del mecanismo de sucesión constitucional, tras la salida de su predecesor. En el sistema peruano, cuando se produce una vacancia presidencial, la línea de sucesión recae primero en los vicepresidentes y, en su ausencia, en el presidente del Congreso.
Su mandato interino estuvo marcado desde el inicio por la fragilidad política. Sin una base parlamentaria sólida y con un Congreso fragmentado en múltiples bancadas con intereses contrapuestos, Jerí enfrentó presiones constantes. La falta de legitimidad popular —al no haber sido elegido por voto directo— debilitó aún más su posición frente a un parlamento que ha demostrado en reiteradas ocasiones su disposición a ejercer la facultad de vacancia presidencial.
El patrón recurrente: vacancias y destituciones como norma
Desde la destitución de Pedro Pablo Kuczynski en 2018, pasando por la breve y convulsa presidencia de Manuel Merino en 2020 —que duró apenas cinco días—, hasta la remoción de Pedro Castillo en diciembre de 2022 tras su fallido intento de disolver el Congreso, Perú ha normalizado un ciclo de inestabilidad presidencial que no tiene paralelo en América Latina contemporánea.
El Congreso peruano cuenta con la herramienta constitucional de la "vacancia por incapacidad moral permanente", una figura que ha sido utilizada de manera amplia y controvertida. Analistas constitucionales han señalado que esta facultad, originalmente diseñada para casos extremos, se ha convertido en un instrumento político ordinario que permite al Legislativo remover presidentes con relativa facilidad.
Según datos del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), la aprobación del Congreso se ha mantenido consistentemente por debajo del 10% en los últimos años, lo que refleja un profundo descontento ciudadano tanto con el Ejecutivo como con el Legislativo. Sin embargo, esta baja aprobación no ha impedido que el parlamento continúe ejerciendo su poder de destitución.
El camino hacia las elecciones de abril
Las elecciones previstas para abril representan, en teoría, una oportunidad para que Perú recupere cierta estabilidad institucional mediante la elección de un presidente con mandato popular directo. No obstante, el panorama electoral está lejos de ser alentador.
El escenario se caracteriza por una alta fragmentación partidaria, con múltiples candidatos y ningún favorito claro que logre consolidar una mayoría. Las encuestas muestran un electorado disperso, desencantado con la clase política y con altos niveles de indecisión. La desconfianza hacia las instituciones democráticas se ha profundizado con cada crisis sucesiva.
Además, persisten interrogantes sobre quién ejercerá la presidencia interina hasta la toma de posesión del nuevo mandatario electo. La línea de sucesión, ya agotada en varios niveles, genera incertidumbre adicional sobre la gobernabilidad en el período de transición.
Impacto económico y social de la inestabilidad
La constante rotación presidencial tiene consecuencias tangibles para la economía y la sociedad peruana. La incertidumbre política ha afectado la inversión extranjera y la confianza empresarial. Según el Banco Central de Reserva del Perú, el crecimiento económico se ha desacelerado en los últimos años, en parte debido a la falta de continuidad en las políticas públicas.
En el plano social, las crisis políticas han coincidido con protestas que dejaron decenas de muertos, particularmente durante las movilizaciones de finales de 2022 y principios de 2023, cuando manifestantes en regiones del sur del país exigieron nuevas elecciones y el cierre del Congreso. Las organizaciones de derechos humanos documentaron un uso desproporcionado de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad durante esas protestas.
La crisis política peruana no es un problema de personas, sino de instituciones. Mientras el sistema permita destituciones presidenciales como herramienta política cotidiana, ningún presidente podrá gobernar con estabilidad, advierten analistas políticos.
¿Qué viene para Perú?
El futuro inmediato del Perú depende de dos factores clave: la capacidad de mantener un gobierno interino funcional hasta las elecciones de abril y la voluntad del próximo presidente electo de impulsar reformas constitucionales que establezcan límites más claros al poder de vacancia del Congreso.
La comunidad internacional observa con preocupación. Organismos como la Organización de Estados Americanos (OEA) han hecho llamados a preservar el orden constitucional y garantizar elecciones libres y transparentes. Sin embargo, la solución a la crisis estructural peruana deberá venir desde dentro: de un acuerdo político mínimo que permita la gobernabilidad y de reformas institucionales que rompan el ciclo de destituciones que ha definido la política del país en la última década.
