La Defensoría del Pueblo ha emitido un exhorto formal dirigido a la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Lurín, instando a las autoridades judiciales a conducir los procesos investigativos con máxima celeridad, objetividad y total transparencia. Esta medida responde al caso reciente en el que falleció un adolescente de 17 años tras permanecer retenido durante un periodo de 48 horas dentro de una comisaría policial.
Exhorto institucional por la muerte del menor
A través de su comunicación oficial, la institución defensora subrayó la necesidad imperante de garantizar que las diligencias se realicen bajo los más estrictos estándares técnicos y legales. El objetivo central es esclarecer con precisión los hechos que condujeron al fallecimiento del joven, asegurando que no existan omisiones ni retrasos injustificados en el despliegue de las acciones judiciales correspondientes.
Contexto de la retención policial
Los datos preliminares indican que el adolescente permaneció bajo custodia institucional durante dos días completos antes de perder la vida. La duración del periodo de detención, especificado como 48 horas, constituye un elemento central en las investigaciones para determinar si se respetaron los plazos legales establecidos y cuáles fueron las condiciones físicas y sanitarias a las que estuvo expuesto el menor durante su permanencia en las instalaciones policiales.
Implicancias del proceso judicial
La intervención de la Defensoría busca asegurar que la Fiscalía actúe sin parcialidades, priorizando la verdad histórica sobre los eventos ocurridos. Se requiere un escrutinio riguroso de la cadena de custodia y de las declaraciones de los agentes involucrados para establecer con certeza jurídica los responsables del incidente. La transparencia en este proceso es fundamental para mantener la confianza ciudadana en las instituciones encargadas del orden público, así lo reportó Ángulo Peruano.
Compromiso con el debido proceso
La institución reafirmó su rol como garante de los derechos humanos, especialmente cuando se trata de población vulnerable y menores de edad. La exigencia de celeridad no implica sacrificar la calidad probatoria, sino optimizar los tiempos procesales para evitar que la impunidad o las dilaciones afecten el derecho a la justicia del fallecido y su familia.
