El Gobierno peruano oficializó el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 2026-2028, un documento estratégico que contempla 132 acciones específicas para combatir la delincuencia común y el crimen organizado en el territorio nacional. La medida fue formalizada mediante decreto supremo publicado en el diario oficial El Peruano.
El plan representa la respuesta del Estado ante el incremento de la violencia y criminalidad que afecta diversas regiones del país. Según datos del Ministerio del Interior, durante 2024 se registraron más de 2,800 homicidios a nivel nacional, cifra que evidencia la urgencia de implementar estrategias integrales de seguridad.
Estructura y componentes del plan
El documento establece cinco ejes estratégicos principales: prevención de la violencia, fortalecimiento del sistema de justicia penal, mejoramiento de capacidades policiales, control territorial y participación ciudadana. Cada eje contiene acciones específicas con indicadores de cumplimiento y responsables institucionales definidos.
La prevención constituye el primer pilar, con 32 acciones dirigidas a reducir factores de riesgo en poblaciones vulnerables. Incluye programas de intervención temprana en zonas de alta incidencia delictiva y fortalecimiento de espacios públicos seguros.
El segundo componente aborda el sistema de justicia penal mediante 28 medidas orientadas a acelerar procesos judiciales y mejorar la coordinación entre el Ministerio Público, Poder Judicial y Policía Nacional. Se establece como meta reducir en 25% los tiempos de investigación de delitos graves.
Inversión y recursos asignados
El plan demanda una inversión estimada de S/ 3,200 millones durante el período 2026-2028, distribuidos entre diferentes sectores del Estado. El 45% de los recursos se destinará al fortalecimiento policial, 25% a programas de prevención, 20% a mejoras del sistema judicial y 10% a iniciativas de participación ciudadana.
"Este plan marca un punto de inflexión en la lucha contra la inseguridad, estableciendo metas cuantificables y responsabilidades claras para cada institución del Estado"
El Ministerio del Interior liderará la implementación, coordinando con gobiernos regionales y locales. Se creará un sistema de monitoreo trimestral para evaluar el cumplimiento de objetivos y realizar ajustes necesarios.
Metas y indicadores de impacto
El documento establece metas específicas medibles al 2028: reducir la tasa de homicidios de 7.8 a 5.5 por cada 100,000 habitantes, disminuir los delitos patrimoniales en 30% y aumentar la percepción de seguridad ciudadana del 18% al 35%.
Para el combate al crimen organizado, se proyecta desarticular 450 organizaciones criminales y incautar activos por valor de S/ 2,500 millones. Estas cifras se basan en capacidades operativas mejoradas de las fuerzas del orden y mayor cooperación interinstitucional.
El plan incluye 24 acciones específicas para el control territorial en zonas del VRAEM y fronteras, donde operan estructuras criminales dedicadas al narcotráfico, minería ilegal y trata de personas. Se implementarán bases de operaciones conjuntas entre Policía Nacional y Fuerzas Armadas.
Coordinación interinstitucional
La estrategia enfatiza la articulación entre niveles de gobierno y sectores. Se establecerán convenios con gobiernos regionales para implementar programas de prevención social y comités distritales de seguridad ciudadana en los 1,874 distritos del país.
El sector privado participará mediante alianzas público-privadas para financiar tecnología de seguridad y programas de inserción laboral juvenil. Se estima que esta colaboración aportará S/ 800 millones adicionales al plan.
La medición de resultados contempla 45 indicadores de proceso y 18 de impacto, evaluados mediante encuestas poblacionales, estadísticas policiales y judiciales. Los reportes de avance serán publicados trimestralmente para garantizar transparencia y rendición de cuentas.
Este plan nacional representa el mayor esfuerzo coordinado en materia de seguridad ciudadana de los últimos años, estableciendo un marco integral para abordar la problemática de violencia que afecta la calidad de vida de millones de peruanos.
