La carrera presidencial de Perú para las elecciones de 2026 se perfila como una de las más concurridas de su historia reciente, con 35 candidatos inscritos que buscan diferenciarse en un escenario político altamente fragmentado. En medio de propuestas diversas, un tema ha emergido como eje central del debate electoral: cómo enfrentar el avance del crimen organizado, que en los últimos años ha transformado la percepción de seguridad en todo el país.
Un país que enfrenta cifras alarmantes de inseguridad
Perú ha experimentado un deterioro significativo en sus indicadores de seguridad ciudadana. Según datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), más del 80% de la población percibe inseguridad en su entorno. Las extorsiones, el sicariato y el narcotráfico han dejado de ser fenómenos focalizados para convertirse en problemas de alcance nacional.
El modelo de expansión criminal que se observa en Perú guarda similitudes con lo ocurrido en Ecuador, donde organizaciones delictivas vinculadas al narcotráfico internacional lograron penetrar estructuras estatales y territoriales en pocos años. Especialistas en seguridad han advertido que la falta de una respuesta integral podría consolidar esta tendencia.
Las cifras de homicidios, si bien históricamente más bajas que en otros países de la región, han mostrado una tendencia al alza. A esto se suma el crecimiento de las economías ilícitas, particularmente la minería ilegal y el tráfico de drogas, que operan con relativa impunidad en diversas regiones del país.
Propuestas punitivas dominan el discurso electoral
Ante este panorama, la mayoría de los 35 candidatos ha optado por propuestas de mano dura. Declaraciones de estado de emergencia más amplias, endurecimiento de penas, militarización de zonas críticas y hasta la posibilidad de replicar el modelo de Nayib Bukele en El Salvador han aparecido reiteradamente en los discursos de campaña.
Las propuestas punitivas, como las que se escuchan en la mayoría de candidaturas, pueden generar impacto mediático, pero sin reformas institucionales profundas resultan insuficientes para desarticular redes criminales complejas, advierten analistas en seguridad.
Sin embargo, expertos en políticas de seguridad señalan que las propuestas meramente represivas tienen limitaciones estructurales. La experiencia latinoamericana demuestra que sin fortalecimiento del sistema de justicia, reforma policial y estrategias de inteligencia financiera, las medidas de fuerza tienden a producir resultados temporales o, en el peor de los casos, a exacerbar la violencia.
Pocos candidatos han presentado planes detallados que incluyan componentes de prevención, rehabilitación y ataque al lavado de activos. La ausencia de propuestas técnicas rigurosas refleja, según observadores, la tendencia a priorizar el rédito electoral inmediato sobre la efectividad real de las políticas públicas.
Fragmentación política: un obstáculo para cualquier estrategia
Con 35 candidatos en competencia, las encuestas muestran un escenario extremadamente disperso. Ningún postulante supera de manera consistente el 15% de intención de voto, lo que anticipa una probable segunda vuelta entre candidatos con bases de apoyo reducidas. Esta fragmentación no es nueva en Perú, pero alcanza niveles particularmente agudos en este ciclo electoral.
El problema de fondo es que quien llegue a la presidencia lo hará con un mandato débil y un Congreso igualmente fragmentado, lo que dificultará la aprobación de reformas estructurales en materia de seguridad. Perú ha tenido seis presidentes en los últimos siete años, una inestabilidad institucional que las organizaciones criminales han sabido aprovechar.
La debilidad institucional crónica —reflejada en un Poder Judicial cuestionado, una Policía Nacional con recursos limitados y un sistema penitenciario colapsado— constituye el terreno fértil sobre el cual opera el crimen organizado. Sin un pacto político que trascienda la coyuntura electoral, las propuestas de campaña corren el riesgo de quedar en retórica.
El factor narcotráfico y las conexiones internacionales
Perú es el segundo mayor productor de hoja de coca del mundo, según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). En 2023, la superficie cultivada alcanzó niveles que no se registraban en más de una década. Los corredores de salida de droga hacia Brasil, Bolivia, Ecuador y puertos del Pacífico operan con creciente sofisticación logística.
Las redes de narcotráfico no operan de forma aislada: están interconectadas con carteles mexicanos, organizaciones brasileñas y grupos criminales ecuatorianos y colombianos. Esta dimensión transnacional exige una respuesta que vaya más allá de las fronteras nacionales, un aspecto que apenas figura en los planes de gobierno presentados hasta ahora.
La penetración del dinero ilícito en la política peruana es otro factor crítico. Investigaciones periodísticas y judiciales han documentado casos de financiamiento irregular de campañas electorales con fondos provenientes de economías ilegales, lo que plantea interrogantes sobre la voluntad real de algunos candidatos para combatir el problema.
Lo que está en juego para el próximo gobierno
El próximo presidente de Perú heredará un país donde el crimen organizado ha ganado terreno de manera acelerada. La diferencia entre una estrategia efectiva y una meramente declarativa podría determinar si Perú logra contener el fenómeno o si se desliza hacia un escenario de mayor violencia e ingobernabilidad.
Los votantes peruanos, según encuestas de Ipsos y el Instituto de Estudios Peruanos (IEP), sitúan la inseguridad como su principal preocupación, por encima incluso de la economía y la corrupción. El candidato que logre articular una propuesta creíble y diferenciada en esta materia podría obtener una ventaja decisiva en una contienda donde todo parece posible.
