La Fiscalía de la República en Lambayeque ha formalizado el proceso contra Sonia Alva Rodríguez, quien se desempeña como administradora concursal de la empresa Agropucalá S.A.A., y Edmundo Gálvez Rodríguez, abogado representante de los acreedores laborales. Ambos son acusados por presuntos hechos constitutivos del delito de fraude en la administración de personas jurídicas. El fiscal Segundo Pérez Vásquez solicitó una pena privativa de libertad no menor a dos años para cada imputado, además de una reparación civil conjunta de 155,600 soles a favor de la parte agraviada.
Detalles del cobro irregular
Según el requerimiento acusatorio presentado por la Fiscalía, la investigación se centra en las decisiones tomadas durante la Junta de Acreedores celebrada el 10 de noviembre de 2022. En esa reunión, Edmundo Gálvez promovió la designación de Sonia Alva como administradora concursal. El fiscal sostiene que hubo una concertación previa entre ambos para fijar los honorarios profesionales en un monto mensual de 35,400 soles.
La acusación detalla que esta remuneración no estuvo contemplada en el Plan de Reestructuración aprobado ni contó con la aprobación expresa de la Junta de Acreedores. Como resultado del cobro durante cuatro meses, se habría acumulado un total de 141,600 soles sin sustento legal adecuado para dilapidar el patrimonio de Agropucalá, según informamos en Lambayeque: EsSalud retira a dos funcionarios tras fraude de S/1.4 millones.
Nulidades administrativas y nuevas convocatorias
El contexto administrativo del caso es relevante para la acusación penal. El Ministerio de Trabajo declaró nulo con efecto retroactivo la representación jurídica de Edmundo Gálvez Rodríguez. Posteriormente, el Indecopi también emitió una resolución que declaró la nulidad de las Juntas de Acreedores y la designación de Alva Legal Asesoría S.A.C., entidad a la cual pertenece Sonia Alva, así lo reportó Pulso Andino.
No obstante, en agosto de 2024 se realizó una nueva convocatoria bajo procedimientos normados por SUNAT. En este nuevo proceso, Alva Legal Asesoría S.A.C. volvió a resultar ganadora del concurso para administrar Agropucalá, aunque esta vez con un cobro mensual reducido a 12,000 soles, lo que representa un descenso del 60% respecto al monto inicial de 35,400 soles, tal como señaló Pulso Andino.
Defensa y vía civil
Frente a las acusaciones penales planteadas por la Fiscalía, Sonia Alva Rodríguez declaró durante su interrogatorio en el Ministerio Público que este caso no tiene relación con la vía penal. La administradora sostuvo que los conflictos derivados de la gestión deben resolverse exclusivamente mediante mecanismos civiles o administrativos.
