Censura de Jerí abre paso a nuevo cambio de mando
El pleno del Congreso de la República aprobó la censura de José Jerí como presidente del Parlamento y, en consecuencia, como presidente de la República del Perú. La decisión desencadena un nuevo proceso de elección en la Mesa Directiva previsto para el 18 de febrero, donde se designará al sucesor que asumirá simultáneamente la jefatura del Estado.
De concretarse, Perú tendría su octavo presidente en apenas una década, una cifra que no tiene paralelo en ninguna otra democracia de la región. Desde 2016, el país ha pasado por los mandatos de Pedro Pablo Kuczynski, Martín Vizcarra, Manuel Merino, Francisco Sagasti, Pedro Castillo, Dina Boluarte y el propio Jerí, cada transición marcada por crisis institucionales, vacancias o renuncias.
Una década de inestabilidad sin precedentes
La rotación presidencial refleja un deterioro estructural de la gobernabilidad. En los últimos 10 años, ningún presidente ha completado su mandato constitucional de cinco años. Manuel Merino duró apenas cinco días en el cargo en noviembre de 2020, mientras que Pedro Castillo fue destituido y detenido en diciembre de 2022 tras un fallido intento de disolver el Congreso.
Según datos del Banco Mundial, Perú ha experimentado un descenso sostenido en sus indicadores de estabilidad política. El índice de gobernabilidad del país cayó de -0.20 en 2015 a niveles cercanos a -0.70 en los últimos años, ubicándolo entre las naciones con mayor volatilidad institucional de América Latina.
La crisis no es solo de nombres, sino de instituciones. El Congreso peruano registra una desaprobación ciudadana que supera el 90% en diversas encuestas de Ipsos y Datum, mientras que la confianza en el Poder Ejecutivo se mantiene en mínimos históricos. Este escenario de desconfianza generalizada ha generado un vacío de legitimidad que afecta directamente al clima de negocios.
¿Qué esperan los empresarios del nuevo gobierno?
El sector empresarial peruano ha expresado reiteradamente su preocupación por la falta de continuidad en las políticas públicas. Cada cambio de gobierno implica nuevos ministros, nuevas prioridades y, frecuentemente, la paralización de proyectos de inversión que estaban en marcha.
La Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (CONFIEP) ha señalado que la prioridad debe ser garantizar reglas claras y estabilidad jurídica. Los gremios empresariales coinciden en que sin predictibilidad institucional, las inversiones de largo plazo —especialmente en minería, infraestructura y energía— se ven seriamente afectadas.
"Lo que necesita el Perú es gobernabilidad. Cada cambio de presidente significa meses perdidos en adaptación, negociaciones y reacomodos políticos que frenan la economía", han señalado representantes del sector privado en diversas oportunidades.
La Cámara de Comercio de Lima (CCL) ha advertido que la inversión privada, que representa cerca del 80% de la inversión total en el país, requiere horizontes temporales mínimos de estabilidad para concretarse. Proyectos mineros con inversiones superiores a los 50,000 millones de dólares permanecen trabados o retrasados, en parte por la incertidumbre política.
Impacto económico de la crisis política
Los efectos de la inestabilidad no son abstractos. El PBI peruano, que creció a tasas promedio de 5% entre 2004 y 2013, ha mostrado un desempeño mucho más modesto en la última década. En 2023, la economía se contrajo un 0.6%, y las proyecciones para los años siguientes, si bien apuntan a una recuperación moderada, están condicionadas al entorno político.
El tipo de cambio y el riesgo país son termómetros inmediatos de cada crisis. Históricamente, cada episodio de vacancia o cambio presidencial ha generado picos en el EMBI+ Perú y presión sobre el sol peruano. Los mercados financieros descuentan rápidamente la incertidumbre, encareciendo el costo de financiamiento tanto para el Estado como para el sector privado.
El empleo también sufre las consecuencias. Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), la informalidad laboral en Perú supera el 70%, un indicador que refleja la incapacidad del aparato estatal de generar condiciones para la formalización, agravada por la constante rotación de autoridades y políticas.
El desafío del próximo mandatario
Quien asuma la presidencia de la República enfrentará un panorama complejo: un Congreso fragmentado, demandas sociales acumuladas, una economía que necesita reactivación urgente y una ciudadanía profundamente escéptica respecto de su clase política.
Los analistas coinciden en que el nuevo presidente tendrá un margen de maniobra extremadamente reducido. Sin bancada propia y con un mandato que depende de equilibrios parlamentarios frágiles, la capacidad de impulsar reformas estructurales será limitada.
La pregunta de fondo que se hace el empresariado peruano no es solo quién será el próximo presidente, sino cuánto tiempo durará. En un país donde la presidencia se ha convertido en un cargo de alta rotación, la estabilidad sigue siendo el bien más escaso y más demandado por quienes buscan invertir y generar empleo en el Perú.
