La Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada de Piura ha formalizado una investigación compleja contra Miguel Henry Zavaleta Amaya, a quien acusan de ser el cabecilla y principal articulador de la presunta organización criminal conocida como “Los Ilegales de la Mina de Sal Azul”. La acusación central se centra en su conducta sistemática de resistencia a la autoridad, caracterizada por negarse reiteradamente a entregar información vital para esclarecer los hechos delictivos.
Resistencia y obstrucción judicial
Según lo detallado en el informe fiscal, Zavaleta Amaya ha desplegado una conducta de resistencia y obstrucción frente al ejercicio de la acción penal. A pesar de los requerimientos formales del Ministerio Público, se ha negado a proporcionar el padrón de trabajadores y el registro de las actividades realizadas en la Mina de Sal de Bayóvar, ubicada en la Comunidad Campesina San Martín de Sechura.
La fiscalía señala que esta información resulta especial gravedad para la investigación, ya que es clave para esclarecer los delitos por homicidio derivados de enfrentamientos armados ocurridos en la zona. La Carpeta Fiscal N° 38-2022 indica que el investigado se resiste a entregar diversa información necesaria para entender las acciones imputadas a los 55 personas bajo investigación.
Control institucional fraudulento
El Ministerio Público ubica a Zavaleta en la cúspide de una estructura piramidal, ostentando el poder de mando y supervisión directa sobre sus integrantes. La fiscalía sostiene que su dominio se materializa mediante el control institucional fraudulento de la Comunidad Campesina de Sechura. Utilizó el cargo de “presidente de la Junta Transitoria” como fachada legal para instrumentalizar la personería jurídica de la comunidad en favor de los intereses ilícitos, tema que ya cubrimos en Luis Zavala critica falta de liderazgo y propone reformas contra la inseguridad .
Se afirma que ideó y ejecutó un plan estratégico para capturar institucionalmente a la comunidad, incluyendo la creación fraudulenta de dicha junta. Este mecanismo buscaba revestir de aparente legalidad las órdenes y el control territorial posterior, coordinando directamente las actividades ilícitas del resto de miembros.
Control sobre la cadena delictiva
Para la Fiscalía y la policía, Zavaleta ejerce un control absoluto en todas las fases de la cadena delictiva en la mina. Esto abarca desde la toma de posesión armada o violenta de los bienes comunales hasta la extracción, explotación, transporte y comercialización ilegal de roca de sal (halita). La investigación tiene un plazo de 36 meses para su conclusión.
