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Trujillo: Detienen a subgerente municipal por pedir coima a empresa
Alberto Bertini fue intervenido tras denunciarle empresario de transportes; la MPT confirmó su destitución inmediata.
La Policía Nacional del Perú (PNP) intervino a Alberto Martín Bertini Rodríguez, quien se desempeñaba como subgerente de Fiscalización de Transporte y Tránsito en la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT), por presuntamente solicitar una coima. El funcionario fue detenido tras que el presidente del directorio de la Empresa de Transportes California, Iván Cruz Diestra, denunciara ante las autoridades que Bertini le exigió S/ 1,500 para evitar que su compañía fuera sancionada con un cierre temporal de 30 días.
Detalles de la intervención policial
La operación fue realizada por agentes del Departamento Desconcentrado de Investigación Contra la Corrupción (Depdicc) en un inmueble ubicado en la avenida Jesús de Nazareth, en Trujillo. La acción se ejecutó tras recibir la denuncia formal del empresario, quien presentó como sustento una serie de conversaciones grabadas sostenidas con el entonces funcionario edil apenas un día antes de la intervención.
Desvinculación inmediata por parte de la MPT
Frente a las evidencias difundidas en medios digitales y redes sociales, la Municipalidad Provincial de Trujillo emitió un comunicado oficial confirmando su destitución. La entidad edil señaló que, ante el presunto acto de corrupción revelado por las imágenes de la intervención al subgerente de Fiscalización de Transporte, se procedió con su desvinculación inmediata de la actual gestión municipal, tema que ya cubrimos en Detienen a suboficial de Chimbote por exigir coima de 500 soles.
Contexto político y afiliación
Datos del Observatorio para la Gobernabilidad Infogob, dependiente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), indican que Alberto Martín Bertini Rodríguez tiene 45 años de edad y es militante del partido Alianza para el Progreso (APP). Esta misma agrupación política pertenece al alcalde de Trujillo, Mario Reyna Rodríguez. La detención se produce en un contexto donde la fiscalización del transporte urbano representa uno de los puntos críticos de interacción entre las empresas operadoras y la autoridad municipal.
