El Ministerio Público de Trujillo formalizó una solicitud clave en la investigación del cuádruple asesinato y el secuestro de un empresario minero ocurrido el 30 de agosto. La Fiscalía solicitó 36 meses de prisión preventiva para trece investigados, entre quienes se encuentra Jhonsson Smith Cruz Torres, conocido por su alias 'Jhonsson Pulpo'. Esta medida cautelar busca garantizar la seguridad del proceso y evitar que los sospechosos puedan influir en las pruebas o escapar antes de una eventual sentencia.
Detalles sobre los investigados
Dentro del grupo de personas a quienes se les pide prisión preventiva figuran Frank Junior Quezada Cruz, Ángel Fabricio Bocanegra Linares, Julio Zavaleta Quezada, César Iván García Rivera y José Miguel Cherrepe Dávila. Además, la Fiscalía ha incluido en el pedido a Joyce Renato Bereche Maco, quien es señalado como el propietario de la camioneta utilizada durante los hechos delictivos, indicó Peru21.
Investigación sobre autoría intelectual
En el caso específico de 'Jhonsson Pulpo', las diligencias persiguen determinar una presunta autoría intelectual y la dirección de las acciones desde el extranjero. Por otro lado, se está investigando quiénes interceptaron al empresario utilizando prendas similares a las de la Policía Nacional del Perú, como contamos en Trujillo: 'Jhonsson Pulpo' coordinó secuestro de empresario minero.
El rol de los Bocanegra
También se ha identificado un automóvil negro conducido por Peter Bocanegra, quien posteriormente se entregó. Este hecho ocurrió después de que sus hijos, Juan Manuel y Roy Bocanegra, fueran detenidos por su presunta vinculación con el caso. Se investiga si Peter Bocanegra habría proporcionado información sobre los desplazamientos del grupo criminal y el lugar donde se planificó el secuestro, más contexto en Trujillo: 'Jhonsson Pulpo' coordinó secuestro de empresario minero.
Próximos pasos judiciales
Toda la información recabada hasta ahora será utilizada para establecer la intervención exacta de cada uno de los investigados en el crimen. El pedido fiscal deberá ser evaluado por el Poder Judicial, quien decidirá si corresponde imponer la medida cautelar solicitada o no.
