El asesinato de cuatro personas en la ciudad de Sullana, región Piura, ha generado una alerta inmediata entre las autoridades locales. El hecho ocurrió en la cuadra siete del pasaje Unión, donde sujetos armados a bordo de motocicletas realizaron más de diez disparos contra los ocupantes de una vivienda. Según el material difundido por RPP y captado por cámaras de seguridad, cuatro miembros de la familia fallecieron como resultado directo de las heridas balísticas. Otro integrante, un adolescente de 12 años, resultó herido y fue trasladado al Hospital de Sullana para recibir atención médica.
Declaraciones oficiales sobre el escenario crítico
Walter Guerrero, vicepresidente de la Asociación de Alcaldes Distritales, calificó la situación como un "momento de terror y zozobra". En sus declaraciones públicas, señaló que los asesinatos, ajustes de cuentas y casos de sicariato se han vuelto frecuentes en zonas como Sullana. El representante indicó que no se perciben resultados claros en la lucha contra el crimen desde las instancias competentes.
“Es un momento de terror y zozobra, ya no sabemos cómo actuar”, afirmó Walter Guerrero sobre la inseguridad en Piura.
Amenazas a autoridades locales
La crisis de seguridad también impacta directamente al gobierno local. Guerrero reveló que varios alcaldes distritales han sido víctimas de extorsiones y amenazas. Al solicitar protección, las instancias correspondientes habrían indicado que no pueden brindar seguridad sin una amenaza fuerte previa. Como ejemplo de vulnerabilidad institucional, se recordó el caso del alcalde Víctor Hugo Febre, quien fue baleado en su vehículo.
Frente a este panorama, la Asociación ha anunciado la preparación de un memorial conjunto para exigir al Gobierno Central y a la Policía Nacional medidas urgentes. La demanda incluye una estrategia articulada que respete a las autoridades elegidas por voto popular y garantice la protección efectiva frente al avance del crimen organizado.
Impacto en la gestión pública
Más allá de la violencia directa, el incidente evidencia limitaciones operativas para los gobiernos locales. Guerrero advirtió que la inseguridad limita la ejecución de obras públicas y genera incertidumbre económica en un contexto preelectoral. La realización de inversiones se considera riesgosa debido a las extorsiones vigentes.
Los hechos ocurridos el 5 de junio de 2026, según la fuente original, confirman la escalada violenta reportada por los vecinos y testigos presenciales que presenciaron la huida de los autores con rumbo desconocido. La información recopilada hasta este momento se centra estrictamente en lo declarado por las autoridades presentes y el registro audiovisual del incidente.
