El aumento del acoso en entornos digitales se ha convertido en un indicador crítico de bienestar infantil, con datos que reflejan una percepción generalizada entre los menores. Según el informe sobre violencia contra la infancia presentado por las Naciones Unidas en 2026, el 66% de los niños y adolescentes consultados considera que este fenómeno ha incrementado en los últimos años. Esta estadística subraya la necesidad urgente de identificar tempranamente las manifestaciones del problema para prevenir consecuencias mayores.
Indicadores conductuales y alcance digital
A diferencia de otros conflictos interpersonales, el ciberacoso se caracteriza por su persistencia temporal y espacial. Eduardo Tumy, especialista en seguridad digital de Intecnia Corp y Country Partner de Bitdefender, señala que la naturaleza del acoso permite que ocurra a cualquier hora y través de múltiples plataformas, lo cual amplifica su alcance.
Esta continuidad dificulta que las víctimas puedan alejarse físicamente o mentalmente de la situación. Mickael Worms Ehrminger, psicólogo consultado en el marco de estas recomendaciones, enfatiza que los dispositivos digitales acompañan a la víctima durante gran parte del día, convirtiendo al espacio privado en un entorno potencialmente hostil.
Protocolo de actuación y canales oficiales
La detección oportuna requiere atención a cambios específicos de conducta. Los especialistas coinciden en que el diálogo abierto es fundamental, advirtiendo contra la culpabilización de las víctimas. Se recomienda conservar evidencias digitales, como capturas de pantalla, para sustentar denuncias.
En Perú, existen canales institucionales definidos para estos casos. Para situaciones que impliquen amenazas directas o riesgos a la seguridad física del menor, se debe acudir a la División de Investigación de Delitos de Alta Tecnología (Divindat) de la Policía Nacional del Perú. Adicionalmente, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables ofrece servicios de apoyo orientados a estas poblaciones.
Enfoque preventivo basado en datos
El informe de la ONU también revela una brecha significativa en los mecanismos de ayuda: uno de cada dos menores afirma no saber dónde pedir asistencia o cómo denunciar adecuadamente. Esta falta de conocimiento sobre los procedimientos legales y técnicos agrava la vulnerabilidad del grupo etario.
Eduardo Tumy concluye que el enfoque debe priorizar el acompañamiento sobre el control estricto. La combinación de educación digital, diálogo constante y herramientas tecnológicas apropiadas constituye la base para identificar riesgos tempranamente, reduciendo así el impacto negativo documentado en las estadísticas internacionales.