La Defensoría del Pueblo de Bolivia informó este sábado que la operación militar y policial para desbloquear carreteras en el departamento de La Paz dejó como saldo 47 personas detenidas y cinco heridas. El defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, detalló que las detenciones se registraron en las ciudades de La Paz y El Alto, y que la institución ha buscado asignar abogados de defensa pública a los afectados. Paralelamente, la Central Obrera Boliviana (COB) y la Federación de Campesinos de La Paz mantienen sus protestas callejeras y bloqueos de rutas, exigiendo la renuncia del presidente Rodrigo Paz por considerar que el gobierno no puede solucionar los conflictos del país.
Cifras oficiales y afectaciones a la prensa
Hacia el final de la tarde, la Defensoría verificó que los cinco heridos presentaban afectaciones oculares y faciales que recibieron atención médica. Callisaya también denunció agresiones e impedimentos al trabajo de periodistas en cobertura de los hechos. La Asociación Nacional de la Prensa (ANP) confirmó que dos informadores sufrieron lesiones en el sector de Lipari, al sur de La Paz, donde bloqueadores organizaron una emboscada, retuvieron a uno de ellos y destruyeron su equipo. El defensor instó a proteger la labor de los medios de comunicación.
Operación de desbloqueo y resistencia en El Alto
La jornada incluyó una operación conjunta para despejar las vías que conectan La Paz con el resto del país, con el objetivo de abrir un "corredor humanitario" para el paso de camiones con combustibles, oxígeno medicinal y vehículos particulares. Sin embargo, la resistencia fue significativa. En la zona de Río Seco, en El Alto, los manifestantes respondieron con piedras y cargas de dinamita a los gases lacrimógenos utilizados por los agentes. Ante la tensión, el Gobierno ordenó el repliegue de policías y militares para evitar un derramamiento de sangre, desbloqueando parcialmente la carretera troncal hacia Oruro.
Diálogo y verificación de derechos humanos
La Defensoría del Pueblo recibió denuncias sobre posibles vulneraciones de derechos humanos durante los operativos, las cuales se encuentran en proceso de verificación institucional. Callisaya remarcó que la prioridad debe ser la protección de la vida y la convivencia pacífica. La entidad está analizando con la Iglesia católica la posibilidad de generar un espacio de desescalada y reconciliación. Los bloqueos en el departamento de La Paz se iniciaron hace once días, generando afectaciones humanitarias derivadas de la prolongación del conflicto.
