El comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Óscar Arriola, informó este martes que 64 conductores del transporte urbano han sido asesinados por presuntos sicarios o extorsionadores en lo que va del año 2026. Ante esta cifra oficial, Héctor Vargas, presidente de la Coordinadora de Empresas de Transporte Urbano, declaró a RPP que el problema no solo persiste, sino que se ha acentuado, generando una "preocupante normalización de la muerte" en el sector sin reacción efectiva por parte de las autoridades.
Extorsión generalizada y evolución del modus operandi
Vargas afirmó durante su intervención en el programa Conexión que la crisis de seguridad no distingue rutas, ya que asegura que el asedio criminal es total. Según el dirigente gremial, "todas" las empresas están siendo extorsionadas al 100%. La modalidad ha evolucionado hacia un cobro directo en las unidades de transporte, donde los delincuentes exigen montos aproximados de 20 soles diarios a los conductores.
El representante señaló que esta práctica se facilita aprovechando el manejo constante de dinero en efectivo y la falta de control policial en los paraderos. Vargas explicó que los criminales tienen mapeadas las unidades, las placas de los vehículos e incluso información personal de los trabajadores, lo cual demostraría una organización superior a la de las autoridades encargadas de la seguridad pública, indicó Cae banda 'Los Piratas' que extorsionaba transportistas.
Impacto operativo y crítica a normativas vigentes
La situación ha afectado directamente la operatividad del servicio. Diversos conductores han abandonado el sector por miedo a perder su vida, lo que obliga a algunas empresas a operar solo entre el 30% y el 40% de su capacidad original. Vargas calificó como "letra muerta" las normas aprobadas el año pasado para crear unidades de élite con participación del Ministerio Público y el Poder Judicial, argumentando una reglamentación deficiente que evita la asignación real de recursos.
Ante estos datos, el gremio propone medidas inmediatas como la intervención seria de penales con aislamiento total para extorsionadores, control territorial mediante cuadrantes integrados con cámaras y la prohibición del transporte compartido en motocicletas. La denuncia busca evidenciar que la cifra oficial de 64 muertos es solo un reflejo parcial de una crisis estructural, según Agencia Andina.
