La Municipalidad Provincial de Chiclayo (MPCh) ha intensificado su conflicto con la Junta de Propietarios del Mercado Modelo al autorizar una nueva estrategia legal. La alcaldesa, Janet Cubas, ordenó a Juan Huancas Muñoz, procurador municipal, iniciar un proceso que comienza con una conciliación extrajudicial y deriva en una demanda judicial si no hay acuerdo. El objetivo es convocar una asamblea de propietarios para renovar la directiva actual.
Disputa por representación y fiscalización
El conflicto trasciende la mera convocatoria de reuniones; se centra en el control, la fiscalización y la administración de las áreas comunes del principal centro de abastos. La Municipalidad sostiene que posee condición de copropietaria de dichas áreas, lo cual le otorga legitimidad para integrar la Junta de Propietarios y exigir su participación activa.
Según documentos municipales consultados por Correo, el Despacho de Alcaldía ha remitido cartas notariales desde 2023 hasta mayo del 2025 solicitando reiteradamente la convocatoria. Sin embargo, afirma haber encontrado una negativa sistemática por parte de Mirtha Noemí Plasencia Alva, presidenta actual de la Junta.
Antecedentes y argumentos jurídicos
Esta ofensiva responde a un acuerdo del Concejo Municipal aprobado en noviembre de 2024, que buscaba esclarecer judicialmente el rol municipal dentro de la organización. La resolución N° 000459-2026 confirma que dicha pretensión no fue resuelta.
“La posición de la municipalidad es que posee un derecho de propiedad inscrito... La Procuraduría considera que la negativa reiterada a convocar constituye una obstrucción”, afirmó el abogado Gianfrando Arbildo.
Sobre esta base registral, específicamente en la Partida N° 11002008, la comuna argumenta que su derecho de propiedad le permite participar en decisiones sobre bienes comunes. Consideran que las supuestas deudas no acreditadas no pueden impedir el ejercicio de este derecho.
Exigencia de transparencia
Más allá de la presidencia, la MPCh exige información detallada sobre cuotas ordinarias y extraordinarias, presupuesto de gastos comunes y libros de actas. El comerciante Julio Delgado señala que se busca discutir la rendición de cuentas y las presuntas deudas individualizadas.
La medida cautelar solicitada apunta a suspender temporalmente a la directiva actual mientras se resuelve el litigio. Comerciantes como José Céspedes han expresado urgencia por este control, señalando que no es viable pensar en un nuevo mercado si persiste la obstrucción de grupos privados.
