Chiclayo: El exalcalde del distrito de José Leonardo Ortiz (JLO), Elber Requejo Sánchez, enfrenta un panorama judicial complejo durante el mes de setiembre. Según lo informado por la prensa local, el político tendrá programadas dos audiencias penales en fechas contiguas que definirán aspectos clave de su situación legal actual.
Audiencia por nombramiento ilegal
El Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de JLO ha fijado para el 18 de setiembre la audiencia de control de acusación contra Requejo Sánchez. El fiscal a cargo del caso, Martín Muñoz Basauri, plantea una pena privativa de libertad de dos años y seis meses.
La investigación se basa en el Expediente N.° 8013-2024, donde la Fiscalía sostiene que, al iniciar su gestión edil (2023-2026), Requejo emitió resoluciones para designar a personas en cargos de confianza sin cumplir con los perfiles profesionales exigidos por la administración pública.
Entre los acusados figuran Pedro Arturo Barboza Zelada, exgerente del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y el mayor PNP retirado César Patricio Miranda Mel, exgerente de Seguridad Ciudadana. Según el Ministerio Público, ambos fueron nombrados pese a incumplir las exigencias del Manual de Organización y Funciones (MOF), careciendo de la experiencia e idoneidad requeridas.
Querella por difamación agravada
Apenas cinco días después, el 23 de setiembre, Requejo Sánchez deberá responder ante otro tribunal. Se trata de una querella por difamación agravada interpuesta en su contra por el ingeniero Ronal Gonzales Urbina, según informamos en Chiclayo: MDJLO enfrenta demandas laborales tras fallo judicial por contratos ir.
El proceso se fundamenta en declaraciones públicas vertidas por el exalcalde en diciembre de 2024, donde afirmó que Gonzales Urbina había sido denunciado por "múltiples crímenes" y pensaba que era un hurto. Además, durante una Sesión Extraordinaria del Concejo Municipal en junio de 2025, lo acusó abiertamente de conformar una organización y haber sido denunciado por falsedad genérica.
El querellante sostiene que estas imputaciones son falsas al no existir condena alguna contra él. Solicita una sanción penal de tres años de prisión y el pago de 260 mil soles como reparación civil por daño moral, profesional y reputacional.
