Chiclayo: El Segundo Juzgado Penal Colegiado de la ciudad ha programado para el 12 de mayo de 2027 la audiencia de juicio oral contra seis exadministradores judiciales de la empresa Agro Pucalá y dos empresarios azucareros. Los procesados enfrentan una grave acusación por el presunto delito de defraudación tributaria, en el marco del expediente N° 12105 - 2022.
La acusación fiscal
De acuerdo con el requerimiento acusatorio presentado por la Fiscalía, los imputados —Edgard Cayotopa Martínez, César Meléndez Candino, César Cubas Muñoz, Roberto Campos Valle, Ricardo Peretra Silva y Luis Dávila Dávila— se habrían coludido en los años 2013 y 2014 para favorecer a las empresas de Ernesto Flores. La modalidad del delito consistió en no registrar información contable respecto a la compra de azúcar, lo que permitió evadir el pago del Impuesto General a la Venta (IGV) y los impuestos de detracciones exigidos por la SUNAT.
Miles de soles defraudados
El modus operandi identificado por las autoridades consistía en realizar pagos a Agro Pucalá mediante anticipos de venta de azúcar. Sin embargo, estas operaciones no eran facturadas ni registradas, ocultando así la información tributaria al fisco. La pericia contable dispuesta por el Ministerio Público determinó que los montos involucrados sumaron 21 millones 995 mil soles en el 2013 y 24 millones 314 mil soles en el 2014.
Pena solicitada
Como resultado de la investigación, se concluyó que no se pagó a la SUNAT la suma de 7 millones 796 mil soles por concepto de IGV. Por estos hechos, la Fiscalía solicita una pena privativa de libertad de ocho años para los acusados principales. Además, figuran como cómplices primarios Carlos Roncal Miñano, Carlos Zambrano Aguilar, Ruth Roncal Marín, Gilberto Fallque Delgado, Edver Longa Cienfuegos y Anita Saucedo Díaz.
Detalles del proceso
También se investiga a Miguel Vásquez García, Óscar Bustamante Díaz y Jorge Sonó Segura bajo la modalidad de obtención indebida de crédito fiscal para anular o reducir el tributo. El juicio oral en Lambayeque determinará si las pruebas presentadas por la Fiscalía son suficientes para condenar a los exadministradores judiciales y empresarios azucareros.
