La crisis energética que atraviesa el Perú no es un fenómeno coyuntural ni producto de un solo gobierno. Es la manifestación acumulada de décadas de improvisación, ausencia de planificación estratégica y una peligrosa separación entre las decisiones políticas y las necesidades económicas reales del país. Lo que hoy se traduce en riesgo de racionamiento eléctrico y tarifas al alza tiene raíces profundas en un Estado que sistemáticamente evitó pensar a largo plazo.
Un modelo energético que llegó a su límite
El Perú construyó su matriz energética sobre una base de aparente abundancia. La disponibilidad de gas natural de Camisea, que comenzó a operar comercialmente en 2004, generó una sensación de seguridad que desincentivó la diversificación. Según datos del Comité de Operación Económica del Sistema Interconectado Nacional (COES-SINAC), aproximadamente el 40% de la generación eléctrica del país depende de centrales térmicas a gas natural, mientras que cerca del 55% proviene de fuentes hidroeléctricas.
Esta combinación, que en condiciones normales resulta funcional, se vuelve extremadamente vulnerable ante dos escenarios simultáneos: sequías prolongadas que reducen la capacidad hidroeléctrica y restricciones en el suministro de gas. Ambas situaciones se han presentado en los últimos años, exponiendo la fragilidad del sistema.
Las energías renovables no convencionales —solar, eólica— representan apenas alrededor del 5% de la matriz energética nacional, una cifra que contrasta con los avances de países vecinos como Chile, donde las renovables ya superan el 30% de la generación total.
La desconexión entre política y economía
El análisis publicado por Caretas apunta a un problema estructural: en el Perú, la política energética ha funcionado históricamente desconectada de la planificación económica de largo plazo. Los gobiernos sucesivos trataron el sector energético como un tema técnico delegable, sin integrarlo como eje estratégico del desarrollo nacional.
Esta desconexión se manifiesta en hechos concretos. El Plan Energético Nacional 2014-2025, elaborado por el Ministerio de Energía y Minas, quedó en gran medida como documento declarativo. Las licitaciones para nueva generación eléctrica se retrasaron repetidamente. Los proyectos de infraestructura de transmisión acumularon demoras. Y las señales regulatorias para atraer inversión privada en renovables fueron insuficientes o contradictorias.
La crisis energética no es solo un problema de megavatios: es el reflejo de un Estado que no logra articular visión de largo plazo con decisiones de corto plazo.
El resultado es que el margen de reserva del sistema eléctrico —la capacidad adicional disponible para cubrir picos de demanda o contingencias— se ha reducido progresivamente. El COES ha advertido en múltiples informes que este margen se encuentra en niveles críticos, especialmente durante los meses de estiaje (mayo-octubre), cuando los caudales de los ríos disminuyen significativamente.
Impacto económico y social del déficit energético
Las consecuencias de esta crisis no son abstractas. El sector industrial, que depende de tarifas eléctricas competitivas, enfrenta costos crecientes. Según la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), las tarifas eléctricas industriales en Perú han registrado incrementos que afectan la competitividad de las empresas, particularmente en manufactura y minería, sectores que representan una porción significativa del PBI nacional.
Para los hogares peruanos, el impacto se traduce en alzas tarifarias que golpean con mayor fuerza a los segmentos de menores ingresos. Osinergmin, el regulador del sector, ha aprobado ajustes tarifarios periódicos que reflejan los mayores costos de generación. En un país donde, según el INEI, cerca del 25% de la población vive en condición de pobreza, cada incremento en el recibo de luz tiene un efecto regresivo directo.
Además, la amenaza de racionamiento eléctrico genera incertidumbre para la inversión. En un contexto donde el Perú compite con otros mercados emergentes por captar capitales, la inestabilidad en el suministro energético envía señales negativas a potenciales inversionistas.
¿Qué se necesita para revertir la tendencia?
Los especialistas del sector coinciden en varios puntos críticos. Primero, es urgente acelerar las licitaciones de nueva capacidad de generación, tanto en renovables como en respaldo térmico eficiente. Segundo, se requiere modernizar y ampliar la red de transmisión eléctrica, cuya capacidad actual limita la incorporación de nuevos proyectos de generación.
Tercero, y quizás lo más difícil, se necesita una institucionalidad energética que trascienda los ciclos políticos. El Perú ha tenido múltiples ministros de Energía y Minas en los últimos años —solo durante el gobierno de Dina Boluarte se han producido varios cambios en el cargo—, lo que impide cualquier continuidad en la política sectorial.
La masificación del gas natural a nivel doméstico, prometida por sucesivos gobiernos, sigue siendo una tarea pendiente. Y la transición energética, que a nivel global avanza como imperativo climático y económico, en el Perú apenas figura como declaración de intenciones en documentos oficiales.
Una crisis previsible que nadie previno
Lo más grave de la crisis energética peruana es que fue largamente anticipada. Informes del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo y de consultoras especializadas advirtieron durante años sobre los riesgos de no diversificar la matriz, no invertir en transmisión y no establecer marcos regulatorios estables para renovables.
El costo de separar política y economía en materia energética se mide hoy en tarifas más altas, en riesgo de apagones, en inversiones que no llegan y en una vulnerabilidad estructural que ningún decreto de emergencia puede resolver de la noche a la mañana. La pregunta que queda es si esta crisis será, finalmente, el punto de inflexión que obligue al Estado peruano a tomarse en serio la planificación energética, o si se convertirá en un episodio más de la crónica de una crisis anunciada.
