El Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió una orden ejecutiva este jueves que autoriza transacciones financieras en Venezuela, previamente prohibidas por el régimen sancionatorio vigente. Esta medida se aplica específicamente para facilitar las "labores de socorro" tras los terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 registrados con apenas 39 segundos de diferencia el miércoles pasado. La autorización tiene una vigencia establecida hasta el próximo 23 de octubre de 2026, según se detalla en la directiva oficial.
Marco legal y alcance limitado
La orden del Tesoro estadounidense aclara que esta excepción no implica un desbloqueo general de bienes sujetos al Reglamento de Sanciones contra Venezuela (VSR), administrado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC). El texto establece explícitamente que la autorización "de otro modo, estarían prohibidas" solo en el contexto estricto de las operaciones humanitarias derivadas de la tragedia. Asimismo, se especifica que no aplica a ninguna otra transacción o actividad prohibida por otras Órdenes Ejecutivas vigentes.
Contexto del desastre y cifras oficiales
La medida responde a los devastadores sismos registrados en la costa de La Guaira, incluyendo Catia La Mar, que han dejado un balance oficial de más de 180 muertos y 1.520 heridos hasta el momento. Estos eventos sísmicos son calificados por las fuentes como los más destructivos de la historia reciente del país vecino. Previamente a esta autorización financiera, el Departamento de Estado anunció el envío de 100 millones de dólares para la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) en Venezuela, y otros 50 millones adicionales para operaciones directas sobre el terreno.
Relaciones bilaterales recientes
Dentro del contexto político actual, desde enero pasado, tras la captura del expresidente Nicolás Maduro, Estados Unidos ha emitido contados permisos relacionados con la explotación y comercialización petrolera, en coordinación con la presidenta interina Delcy Rodríguez. Esta nueva orden de ayuda humanitaria representa una flexibilización específica del régimen sancionatorio, limitada exclusivamente a los fines de socorro ante el desastre natural, sin alterar otras restricciones económicas generales establecidas por las autoridades estadounidenses.
