El precandidato presidencial George Forsyth anunció que de llegar al poder implementará una intervención inmediata del sistema penitenciario peruano desde el primer día de su eventual gobierno, como parte de su estrategia integral para combatir la criminalidad organizada que azota el país.
La propuesta surge en un contexto donde el sistema carcelario peruano enfrenta una crisis estructural. Según datos del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), el país registra un 141% de hacinamiento en sus 69 establecimientos penitenciarios, albergando aproximadamente 97,000 internos en una capacidad diseñada para 69,000 personas.
Medidas propuestas para el control carcelario
Forsyth detalló que su plan incluye la implementación de medidas de máxima seguridad para reos considerados de alta peligrosidad, con especial énfasis en aquellos vinculados a organizaciones criminales que operan desde los penales. El precandidato sostiene que estas acciones son fundamentales para cortar las redes de comando que dirigen actividades delictivas desde las cárceles.
"Vamos a tomar las cárceles el primer día. No podemos permitir que los criminales sigan manejando sus organizaciones desde los penales", declaró Forsyth en entrevista con RPP.
La propuesta contempla la separación estricta de internos según su nivel de peligrosidad, la instalación de sistemas de bloqueo de comunicaciones no autorizadas y el reforzamiento de la seguridad perimetral en todos los establecimientos penitenciarios del país.
Contexto de la criminalidad en penales peruanos
Los datos oficiales revelan la magnitud del problema. Según reportes del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el 68% de los internos en cárceles peruanas no tienen sentencia firme, permaneciendo en calidad de procesados. Además, el 47% de los reclusos está vinculado a delitos contra el patrimonio, mientras que el 23% enfrenta cargos por delitos contra la vida, el cuerpo y la salud.
El sistema penitenciario registra mensualmente entre 15 y 20 incidentes violentos, incluyendo motines, agresiones y intentos de fuga. En 2024, se reportaron 186 muertes violentas al interior de los penales, evidenciando la falta de control efectivo sobre la población carcelaria.
Inversión requerida para la reforma
La implementación de las medidas propuestas por Forsyth requeriría una inversión estimada en 2,800 millones de soles, según cálculos preliminares basados en experiencias internacionales similares. Esta cifra incluye la construcción de nuevos pabellones de máxima seguridad, la instalación de tecnología de bloqueo de señales y la contratación de personal especializado.
El presupuesto actual del INPE asciende a 1,200 millones de soles anuales, destinándose el 65% a gastos operativos y solo el 12% a inversiones en infraestructura y seguridad. Los expertos consideran insuficiente esta asignación para abordar la crisis estructural del sistema.
Comparación con modelos internacionales
La propuesta de Forsyth presenta similitudes con los sistemas implementados en países como El Salvador y Honduras, donde se aplicaron medidas de emergencia para controlar la criminalidad organizada desde los centros penitenciarios. En El Salvador, la implementación del régimen de excepción redujo en 70% los homicidios registrados en el país, aunque organizaciones internacionales han cuestionado el impacto en los derechos humanos.
Colombia implementó un sistema similar en 2019, logrando reducir en 45% los casos de extorsión dirigidos desde las cárceles, mediante la instalación de bloqueadores de señal y la separación de cabecillas de organizaciones criminales.
Desafíos de implementación
La ejecución de estas medidas enfrentaría obstáculos significativos. El déficit de agentes penitenciarios alcanza las 8,000 plazas a nivel nacional, con una relación actual de un custodio por cada 7.2 internos, muy por debajo de los estándares internacionales que recomiendan una proporción de 1 a 3.
Adicionalmente, el 78% de la infraestructura carcelaria peruana tiene más de 30 años de antigüedad, requiriendo inversiones sustanciales para adecuarse a estándares de seguridad modernos. Los especialistas estiman que la modernización completa del sistema tomaría entre 5 y 7 años, con una inversión total superior a los 8,000 millones de soles.
