El presidente del Gremio de la Pequeña Empresa de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), Rodolfo Ojeda, junto a representantes de otros gremios empresariales, ha emitido una advertencia formal sobre la situación crítica que atraviesan las micro y pequeñas empresas (mypes) en el país. La iniciativa busca instar al Congreso de la República a aprobar medidas legislativas urgentes que permitan combatir la delincuencia y las extorsiones, factores que actualmente obstaculizan la operatividad y sostenibilidad de este sector económico fundamental.
Alerta sobre la crisis empresarial
Según lo señalado por las organizaciones gremiales, la delincuencia organizada y las prácticas extorsivas se han convertido en una amenaza directa para la continuidad de los negocios de menor tamaño. Los líderes empresariales han destacado que la falta de seguridad y la presión económica ejercida por grupos delictivos están generando un clima de incertidumbre que afecta la capacidad de inversión y crecimiento de las mypes. Esta postura refleja una preocupación compartida por la deteriorada seguridad ciudadana y su impacto directo en la economía formal.
Exigencia de acción legislativa
La solicitud dirigida al Congreso se centra en la necesidad de aprobar leyes urgentes que fortalezcan el marco legal para la persecución de estos delitos. Los gremios argumentan que las herramientas legislativas actuales son insuficientes para responder a la velocidad y naturaleza de las extorsiones modernas. Se requiere, por tanto, una respuesta normativa ágil que permita a las autoridades actuar con mayor eficacia y proporcione certidumbre jurídica a los empresarios afectados.
Contexto de la presión gremial
El Gremio de la Pequeña Empresa, bajo la presidencia de Rodolfo Ojeda, representa a un segmento vital de la economía peruana. La articulación con otros gremios empresariales refuerza la urgencia del mensaje, presentando un frente unido ante las autoridades legislativas. La crisis empresarial mencionada no se limita a la inseguridad física, sino que abarca las consecuencias económicas derivadas de los pagos extorsivos, que erosionan los márgenes de ganancia y la viabilidad de los negocios a mediano y largo plazo.
La respuesta del Congreso a estas exigencias será determinante para definir el rumbo de la protección al sector formal de pequeña y mediana empresa en los próximos meses. Hasta el momento, no se ha confirmado la fecha de debate ni la aprobación de ningún proyecto de ley específico derivado de esta solicitud, por lo que la situación permanece en etapa de presión gremial y expectativa legislativa, de acuerdo con Correo.
