Perú registró el martes un hito sin precedentes en su historia republicana reciente: el Congreso destituyó al presidente interino José Jerí, convirtiendo al país en una nación que ha tenido siete jefes de Estado en apenas una década. Desde 2016, ningún mandatario ha logrado completar su período constitucional de cinco años, configurando un escenario de crisis institucional permanente que, paradójicamente, no ha logrado descarrilar los fundamentos macroeconómicos del país.
Una década de presidencias interrumpidas
La secuencia de inestabilidad comenzó con Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), quien renunció ante una inminente vacancia por presuntos vínculos con el caso Odebrecht. Le sucedió Martín Vizcarra, quien gobernó hasta noviembre de 2020, cuando fue vacado por el Congreso bajo la figura de "incapacidad moral permanente".
Manuel Merino asumió el cargo, pero duró apenas cinco días tras las masivas protestas que dejaron dos muertos y obligaron a su dimisión. Francisco Sagasti completó la transición hasta julio de 2021, cuando Pedro Castillo asumió la presidencia tras una ajustada elección.
Castillo fue destituido y arrestado en diciembre de 2022 luego de intentar disolver inconstitucionalmente el Congreso. Dina Boluarte, su vicepresidenta, asumió el poder en medio de protestas que dejaron decenas de fallecidos en el sur del país. Ahora, con la reciente destitución de José Jerí, quien ocupaba interinamente la jefatura del Estado, Perú suma su séptimo presidente desde 2016.
La economía peruana resiste la turbulencia política
Pese al caos institucional, los números macroeconómicos de Perú cuentan una historia diferente. Según datos del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), la economía creció 2.8% en 2024, y las proyecciones para 2025 apuntan a un crecimiento cercano al 3%, impulsado por la minería, la agroindustria y el consumo interno.
La inflación, que llegó a superar el 8% interanual en 2022, cerró 2024 dentro del rango meta del BCRP (entre 1% y 3%), ubicándose en torno al 2.0%. El tipo de cambio se ha mantenido relativamente estable frente al dólar, fluctuando alrededor de los 3.70 soles, sin las devaluaciones abruptas que han sufrido otras economías de la región.
"Perú tiene una suerte de piloto automático económico. Las instituciones técnicas como el BCRP y el Ministerio de Economía han funcionado con relativa autonomía respecto al ruido político", señalan analistas citados por Expansión.
Las reservas internacionales netas superan los 75,000 millones de dólares, uno de los niveles más altos de América Latina en proporción al PBI. La deuda pública se mantiene por debajo del 35% del producto, muy por debajo del promedio regional que supera el 55%.
¿Por qué la economía no se desploma?
Varios factores explican esta aparente desconexión entre la política y la economía. En primer lugar, la fortaleza institucional del BCRP, considerado uno de los bancos centrales más sólidos de la región, ha sido clave para mantener la estabilidad monetaria independientemente de quién ocupe Palacio de Gobierno.
En segundo lugar, la estructura productiva del país, altamente dependiente de la minería de cobre, oro y zinc, responde más a los precios internacionales de los commodities que a las decisiones del ejecutivo. En 2024, el cobre se cotizó en niveles elevados, superando los 4 dólares por libra durante varios meses, lo que sostuvo las exportaciones y los ingresos fiscales.
En tercer lugar, la fragmentación política que impide gobernar también impide reformas radicales que podrían alterar el modelo económico. La Constitución de 1993, que estableció un marco de economía de mercado abierta, sigue vigente y funciona como ancla de previsibilidad para los inversionistas.
El costo oculto de la inestabilidad
Sin embargo, los analistas advierten que la resiliencia macroeconómica no debe confundirse con ausencia de daño. La inversión privada ha mostrado un estancamiento sostenido. Según cifras del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), la inversión privada como porcentaje del PBI ha caído de niveles cercanos al 20% en 2013 a aproximadamente 17% en los últimos años.
Los grandes proyectos mineros y de infraestructura enfrentan retrasos crónicos. La cartera de proyectos mineros pendientes supera los 50,000 millones de dólares, pero la incertidumbre política y los conflictos sociales frenan su ejecución. Tía María, Conga y otros megaproyectos llevan años en el limbo.
"La economía peruana crece, pero crece menos de lo que podría. La inestabilidad política no destruye, pero sí frena. Y ese costo acumulado se traduce en empleos que no se crean y pobreza que no se reduce", advierten especialistas del sector.
La pobreza monetaria, que había descendido de 58.7% en 2004 a 20.2% en 2019, repuntó durante la pandemia y se ha mantenido por encima del 27% según las últimas mediciones disponibles. La informalidad laboral sigue afectando a más del 70% de la fuerza de trabajo.
¿Qué viene para Perú?
Con elecciones generales programadas para 2026, el panorama político no muestra señales de estabilización. Las encuestas reflejan una fragmentación extrema, con más de una decena de precandidatos y ninguno superando el 15% de intención de voto. El Congreso actual, con una aprobación inferior al 10%, continúa siendo percibido como uno de los principales factores de inestabilidad.
La pregunta que se hacen los mercados y los organismos internacionales no es si la economía peruana puede seguir resistiendo, sino cuánto tiempo más puede hacerlo sin reformas estructurales en educación, salud, infraestructura y formalización laboral. La resiliencia macroeconómica, sostienen los expertos, tiene límites.
Los siete presidentes en diez años son el síntoma de una crisis institucional profunda que, hasta ahora, no ha roto el piso económico. Pero cada cambio de gobierno erosiona un poco más la confianza de largo plazo, y los datos sugieren que el costo se acumula silenciosamente en inversión perdida y oportunidades desperdiciadas.
