Minera Caravelí ha emitido un llamado de auxilio urgente tras denunciar que más de 200 integrantes de la comunidad campesina Estrella de Oro mantienen asediadas sus instalaciones en el distrito de Huailillas, provincia de Pataz, región La Libertad. Según informó Juan Carlos Zea, gerente de Recursos Humanos de la compañía, este cerco iniciado el 14 de junio ha derivado en un estado de indefensión para su personal y amenaza con capturar al gerente de operaciones.
Detalles del asedio y riesgos a la integridad física
Zea detalló que los comuneros bloquean las operaciones desde mediados de junio bajo el objetivo de tomar control de áreas de concesión para realizar actividades mineras propias. La situación se ha intensificado con cercos al campamento, impidiendo tanto el ingreso como la salida de cualquier persona vinculada a la empresa. El ejecutivo advirtió que existe un riesgo inminente de agresiones físicas contra los trabajadores y directivos, quienes han sido obligados a firmar documentos bajo coacción.
“Esta es una llamada de pedido de auxilio y de socorro urgente porque nos sentimos en un abandono total”, afirmó Zea durante su comunicación con RPP. “En este momento hay el riesgo de que ingresen y capturen al gerente y lo agredan físicamente”
Vulnerabilidad institucional y paralización ambiental
Una de las dificultades reportadas por la minera radica en la ubicación geográfica de sus instalaciones, adyacentes a Tayabamba. A diferencia de otras zonas de Pataz como Chugay o Parcoy, donde opera un Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas debido al estado de emergencia declarado, el sector de Caravelí depende exclusivamente de la policía regional. Hasta la fecha, Zea señaló que no se ha recibido apoyo ni registro formal de denuncia pese a los pedidos presenciales en Trujillo.
El conflicto tiene su origen en la pretensión liderada por el presidente de la comunidad, Majín Sánchez, de explotar recursos directamente. Además de la parálisis productiva, Minera Caravelí reporta un riesgo ecológico al impedir el funcionamiento de las bombas para proteger la calidad del agua, situación ya denunciada ante la fiscalía ambiental, como informó Peru21.
